El tema semanal de esta columna no podría ser otro: la confirmación de la disminución del gasto federalizado a entidades federativas y municipios para 2021.
Hace unos pocos días, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2021 y en él se considera una caída de las participaciones para el próximo año, en comparación al de 2020 y ejercicios fiscales anteriores.
De acuerdo con el documento aprobado, se prevé ministrar 1,867 mil 338.4 millones de pesos a entidades federativas y municipios por concepto de Ramo 28 (participaciones), Ramo 33, Ramo 23, Convenios y las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos; esto con un monto menor en 5.5 por ciento al presupuestado por los mismos conceptos en el presupuesto de egresos del año 2020.
El rubro de las participaciones –que financieramente es el más importante para los municipios– presenta una disminución de 5.7 por ciento respecto al año pasado, al estimarse en 921 mil 402.6 millones de pesos, que en términos absolutos significan 62 mil 694 millones de pesos menos.
El desplome del presupuesto en Ramo 23 –cuyo monto aprobado en 2020 fue de 15 mil 707 millones de pesos– es peor para los municipios, pues se prevé un total de 9 mil 145.6 millones de pesos: es decir, 41.1 por ciento menos. Tal desplome de presupuesto es grave, porque estos recursos contemplan el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) y otros subsidios que se entregan a las entidades federativas para impulsar el desarrollo regional.
Esta confirmación de menores recursos –esperada desde mayo de 2020, dados los bajos precios del barril de petróleo y la crisis del covid-19– deja a los municipios la tarea de trabajar presupuestos austeros, cuyo punto de partida sea la priorización del gasto público en aquellas funciones y atención de necesidades básicas, y –en materia de ingreso– hacer esfuerzos para ampliar bases tributarias, actualizar las tablas de valor del suelo, aplicar tecnologías de la información y, en general, ejercer sus funciones tributarias para incrementar sus ingresos de gestión.
Sin embargo, esta fotografía de lo que la administración pública federal espera obtener y ministrar está calculada con base en criterios económicos que pudieran no darse como se proyectan: un tipo de cambio nominal en 20 pesos por dólar, producción de un millón 951 mil barriles de petróleo diarios, precio promedio de 49 dólares por barril y un rango de crecimiento del PIB entre el 1.5 y 2.5 por ciento. De no ser así –y en verdad deseo que no suceda–, estos números serían mucho más severos para entidades federativas y municipios.
De modo que no habrá que perder de vista la actividad económica y sus indicadores: en ellos los servidores públicos encargados de las finanzas encontrarán visos de lo que pueda suceder y afectar positiva o negativamente las haciendas públicas locales.
