Para las sociedades contemporáneas uno de los desafíos a resolver en los próximos años es, sin duda, el sistema de pensiones. En Europa y América Latina diversos países, entre ellos México, presentan factores comunes que generan presión a los gobiernos y preocupación a los ahorradores: el anual aumento de la esperanza de vida; la inminente recesión económica global; y los insuficientes ingresos personales y familiares para cubrir los gastos presentes y el ahorro para la vejez.
Sistemas de pensiones
Los sistemas de reparto de pensiones tienen como base el aporte obligatorio de trabajadores activos, que es la fuente para financiar el pago de pensiones colectivas de trabajadores jubilados. Es decir, que una generación de manera solidaria solventa a la otra, como una cadena en que los primeros sufragan a los segundos, los segundos a los terceros y así sucesivamente. Sin embargo, a finales del siglo pasado estos sistemas de reparto cayeron en crisis, debido a que cada vez hay una mayor población de adultos mayores y la carga para los ahorradores activos se volvió financieramente insostenible.
Los esquemas de cuentas individuales, surgidos a partir de la crisis de los sistemas de reparto de pensiones, tienen su fundamentación en el ahorro propio. Esto significa que cada trabajador aporta periódicamente cierta cantidad de sus ingresos para financiar su propia pensión y su empleador y el gobierno efectúan contribuciones adicionales. Actualmente la mayor parte de los países han reformado sus sistemas de pensiones hacia los esquemas de cuentas individuales. Pese a ello, también los sistemas de cuentas individuales y hasta los mixtos (que comprenden aspectos de reparto de pensiones e individuales) atraviesan por dificultades para costearse.
Caso mexicano
El 1 de julio de 1997 entró en vigor la reforma a la Ley del Seguro Social que instauró el régimen de pensiones de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). En esta norma se fijó un plazo mínimo de cotización de 1,250 semanas de trabajo, o sea 24 años, con una aportación tripartita (gobierno, trabajadores y patrones) de 6.5 por ciento del salario de los trabajadores.
El próximo año, 2021, miles de trabajadores de la primera generación de Afores cumplirán 65 años de edad y aunque, con ello, habrán de hacer válido uno de los requisitos que contempla la ley para pensionarse, muchos se verán obligados a continuar laborando, dado que pocos acumularán el tiempo de cotización suficiente en su cuenta de retiro. Peor aún, de los ahorradores con 24 años cotizados, los montos de sus pensiones estarán muy por debajo de su sueldo actual.
Para aquellos trabajadores que no hayan cumplido el tiempo de cotización, pero que ya alcanzaron la edad de retiro, existe la opción de solicitar el saldo acumulado en su cuenta individual o, en su caso, laborar hasta cumplir con el tiempo mínimo de cotización establecido en la ley. Ambas situaciones no son deseadas para los ahorradores.
Servidores públicos del Estado de México
La actual Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios data del año 2002, fecha en que el sistema solidario de reparto de pensiones dejó de ser único para los trabajadores y entró en vigor, de manera paralela, el sistema de capitalización individual. Hoy en día las cuotas que deben cubrir los servidores públicos al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) son: 4.6 por ciento del sueldo para cubrir prestaciones de seguridad social; y 7.5 por ciento del sueldo para cubrir el financiamiento de pensiones (6.1 para el fondo del sistema solidario de reparto y 1.4 para el sistema de capitalización individual). Por su parte, las aportaciones que cubren las instituciones públicas empleadoras son: 10 por ciento del sueldo sujeto a cotización, para cubrir las prestaciones de servicios de salud; 9.27 por ciento del sueldo sujeto a cotización, para cubrir el financiamiento de pensiones (7.42 por ciento para el fondo del sistema solidario de reparto y 1.85 por ciento para el sistema de capitalización individual).
De acuerdo con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos, del Gobierno del Estado de México 2019, el ISSEMYM, en ese año, recaudó 29 mil 974 millones de pesos, de éstos, 21 mil 833 millones de pesos correspondieron a cuotas y aportaciones de seguridad social y, específicamente, 9 mil 460 millones de pesos se obtuvieron por concepto de cuotas y aportaciones para el sistema solidario de reparto.
Los egresos, por su parte, fueron de 29 mil 149 millones de pesos; la erogación por pensiones y jubilaciones ascendió a 13 mil 268 millones de pesos, que corresponden a 45 por ciento del total de los egresos del ISSEMyM. Según el propio Instituto, en 2019 se pagó la nómina a 66 mil 870 pensionados y pensionistas. Asimismo, durante ese año se contabilizaron 5.7 servidores públicos por cada pensionado y pensionista.
Como se observa, existe un déficit de 3 mil 800 millones de pesos de lo recaudado respecto a lo erogado para el pago de jubilaciones. Más aún, en 2019 el ISSEMyM cerró con 2 mil 61 millones de pesos en cuentas por cobrar, es decir, adeudos de los gobiernos estatal y municipales, órganos autónomos y otros entes que no han entregado los recursos por cuotas que descuentan a los trabajadores, ni las aportaciones que las instituciones públicas deben pagar para sostener a ese organismo. Este adeudo es equivalente a 6.8 por ciento de los ingresos recaudados por el ISSEMyM en ese año y a 15.5 por ciento de lo erogado para cubrir las pensiones y jubilaciones.
Los datos son claros: la viabilidad financiera de las jubilaciones actuales y las próximas está en juego. Con el aumento de edad de los servidores públicos se prevé que, en un escenario próximo, el número de pensionados y pensionistas aumente en relación de los servidores públicos en activo, lo que tensionará todavía más la situación financiera.
Se sabe, por el Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2018, de la demora del ISSEMyM en la determinación y entrega de las pensiones a quienes deciden jubilarse. Según la auditoría de desempeño realizada por el órgano fiscalizador de la legislatura local, la institución tarda hasta dos años en pagar la primera quincena de pensión una vez que el interesado inició el trámite respectivo.
Ante este escenario poco favorable para los ahorradores, resulta urgente que se realicen reformas a los sistemas de pensiones en el país y, desde luego en el Estado de México. De hecho, en la legislatura local se está trabajando una propuesta de Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios en la que próximamente se esperan ajustes como aumentar la edad de retiro del trabajador, incrementar los porcentajes de aportaciones obligatorias, el incremento de las aportaciones del gobierno y, también, la diversificación de esquemas financieros en la administración de los recursos. Sobre el particular, informaremos en este blog lo que en meses venideros acontezca.
