No es nuevo el hecho de que, ante situaciones no deseadas por la sociedad, como fenómenos naturales catastróficos, los gobiernos federal, estatales y municipales requieran aplicar recursos adicionales de manera extraordinaria para intentar menguar afectaciones a la población. Y también, es bien conocido que, con excepción de algunas auditorías, la ejecución y resultado de esos recursos -usados con vehemente urgencia-, no son siempre transparentados y fiscalizados con suficiencia.
Hoy, en tiempos de pandemia, la vigilancia y fiscalización de recursos destinados a la atención de prioridades sociales también debe formar parte de las políticas públicas. Me refiero a que una política pública, por ejemplo, de salud, para la atención de ciudadanos afectados, requerirá de elementos financieros (recursos extraordinarios), administrativos (licitaciones y adquisiciones), organizacionales (instituciones y servidores públicos que operen los apoyos y servicio), jurídicos (decretos, acuerdo, normas, adecuaciones de ley), políticos (consensos entre partidos políticos y organizaciones sociales) y ciudadanos (participantes, beneficiarios, testigos y opinantes). Y aunque exista un real apremio por parte de la autoridad para utilizar los recursos, el entramado de la política deberá considerar la participación de agentes para revisar y fiscalizar que el erario destinado para ese fin de aplique con transparencia, racionalidad y en apego a las normas establecidas.
Sobre este tema, son reveladores los resultados obtenidos por la Unidad para la Transformación de los Congresos (U-TRAC) de Transparencia Mexicana, en los que, en el marco del “Mecanismo de seguimiento de planes, programas y acciones para la atención de la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas”, conocido como #Susana Vigilancia, se hace público que de los 34 órganos legislativos del país (32 congresos locales y dos órganos federales), solo en dos congresos locales: el de Sonora y el de Coahuila, han creado comisiones especiales de seguimiento específico a temas relacionados con el COVID-19. Esto, tras 100 días de la declaratoria de emergencia.
De acuerdo con su información (disponible en https://www.tm.org.mx/susanavigilancia-comisionesespecialesencovid19/), en el plano federal (el Senado y Cámara de Diputados) no se han creado comisiones especiales de seguimiento al gasto o responsabilidades durante la pandemia, y menos en el ámbito estatal (con la excepciones citadas).
No se debe olvidar que los Poderes Legislativos, como contrapeso del Poder Ejecutivo, tienen facultades para crear comisiones especiales que investiguen y observen asuntos de interés público -lo cual no ha sucedido-, pero también para revisar los recursos públicos a través de las auditorías u órganos de fiscalización superior. De modo que, si bien por el momento no ha habido formal seguimiento de los legisladores en la ejecución de acciones y recursos aplicados a la emergencia sanitaria del COVID, es tiempo de exhortar a los diputados de los congresos del país para que en próximos días y meses exijan a los poderes ejecutivos transparencia en el uso de esos recursos y, a la par, soliciten auditorías a sus órganos fiscalizadores para verificar la sensata y correcta aplicación de éstos.
Si con Susana Distancia se combate al COVID-19, con Susana Vigilancia se clarificará que lo hecho por los gobiernos se ha hecho con el fin de apoyar, resolver y aminorar los efectos de la pandemia, y no para, en medio de la batalla, beneficiar a unos cuantos.
