Entre tantas situaciones valoradas como no deseadas que acontecen en el país, no muchos se han enterado que en materia hacendaria, específicamente de revisión de los recursos públicos, los legisladores del Estado de México aprobaron reformas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México para hacer cambios relevantes en cómo el Poder Legislativo examinará el ejercicio del erario: se trata de adecuaciones de forma y contenido, y resulta oportuno comunicarlas porque, algunas de ellas, entraron en vigor desde el mes pasado.
Por principio de cuentas, el legislador ha ampliado el lapso para que el órgano fiscalizador realice su revisión a las cuentas públicas y entregue su respectivo informe a la Comisión de Vigilancia. Anteriormente, esta ley mandaba a la auditoría estatal a remitir su informe de la fiscalización de las cuentas públicas a más tardar el último día de septiembre; hoy, deberá ser antes del último día de enero del siguiente año en el que las entidades hayan rendido sus cuentas públicas, es decir, que los resultados de la revisión de las cuentas públicas del año 2019 se conocerán hasta enero de 2021.
¿Esto beneficia de algún modo los ciudadanos? Me atrevo a decir que sí: ampliar cuatro meses el periodo de fiscalización asegura, al menos, que todas las auditorías programadas por el órgano fiscalizador se concluyan en diciembre o antes y, por ende, se incluyan en el informe anual de resultados de la revisión de las cuentas públicas. Tener un panorama completo de lo que las entidades públicas ejercieron y lograron con el presupuesto ayudará a evaluar y, en su caso, sancionar posibles faltas administrativas. Mayor tiempo supone, también, auditorías más profundas y una mayor representatividad de las muestras auditadas.
Ahora bien, esta ley estatal no necesariamente se armonizó con la ley federal, dado que el Congreso de la Unión otorga a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un mes más para hacer públicos sus trabajos de auditoría. No obstante, la ASF debe entregar informes parciales de sus revisiones en junio y octubre, situación que no ocurrirá en esta entidad federativa.
Otro cambio sustancial es el de la periodicidad y contenido de los llamados informes mensuales. A partir del 1 de enero de 2021, las entidades públicas municipales y estatales, poderes y órganos autónomos deberán generar informes trimestrales para reportar la situación económica, las finanzas públicas y, si la hubiera, la deuda pública para su análisis al Órgano Superior, tal como lo hace el Poder Ejecutivo con el Legislativo en el ámbito federal. Para ello, en los meses venideros, el órgano fiscalizador local deberá instruir a las entidades públicas sobre el contenido, formatos y posibles plataformas automatizadas para que éstas reporten puntualmente su información.
Abrir la posibilidad de que las entidades públicas elaboren sólo un informe trimestral hará que destinen menos recursos a la rendición de cuentas, sin que ello represente o genere espacio de opacidad, siempre que el contenido de estos informes sea en verdad sustantivo y aporte información para los trabajos de fiscalización de las cuentas públicas anuales.
Lo que sin duda cae bien a los municipios de la entidad es la inminente llegada de expedientes digitales y el uso de plataformas automatizadas y remotas para hacer llegar su información al órgano fiscalizador, situación prevista en las modificaciones de ley y que, de concretarse, hará más ágil el proceso de fiscalización incluido en el ciclo de la rendición de cuentas estatal.
La reforma, publicada el 27 de julio de 2020, se puede descargar en el sitio del Periódico Oficial, denominado Gaceta del Gobierno, disponible en esta dirección: https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul271.pdf
