En tiempos de emergencia, como la que hoy vivimos a causa del covid-19, queda claro que lo más importante es la gente y su bienestar. Esto, que es una verdad evidente por sí misma, debe ser el motor para que los gobiernos actúen responsablemente en favor de los más vulnerables.
Vivimos en un país de leyes en el que el derecho es cimiento para la vida en sociedad, y justamente para hacer que la colectividad mantenga niveles de bienestar básicos y aspire, con probabilidades reales, a mejorar su calidad de vida, es que los gobiernos deben actuar, no sólo como testigos de cómo el mercado es insuficiente –por sí solo– para equilibrar las desigualdades económicas, sino como agentes que procuren un cambio tangible en la circunstancia de los menos favorecidos.
En ese afán, que es inagotable en cuanto a las esferas en que el Estado puede participar –siempre que exista un plan para ello–, resulta vital que exista responsabilidad y políticas públicas que orienten su actuación. En el caso de los municipios, con una agenda establecida en el artículo 115 constitucional y con múltiples situaciones por resolver, les queda poco espacio o, más bien, recursos para contribuir de manera franca a abatir desigualdades mediante apoyos directos a los ciudadanos.
Ahora pareciera, cada vez más, que los programas que transfieren beneficios o servicios a la gente quedan en la esfera del gobierno federal y, un tanto, de los estatales. Esta especie de centralismo de programas sociales no limita a los gobiernos municipales para determinar políticas de calado local y, en la lógica de las políticas nacionales o con sus propias justificaciones a problemas públicos, planear y ejecutar acciones que beneficien a los segmentos de la sociedad.
Pero en la creación de instrumentaciones municipales para transferir apoyos a la población se requiere no sólo voluntad y deseos de ayudar, sino también de razones técnicas: financieras y de organización operativa de apoyos con soporte legal. Por ejemplo, para echar a andar una intervención municipal, mediante una transferencia de bienes o servicios, se requiere por lo menos de un estudio que identifique una demanda o carencia colectiva y que localice cualitativa y cuantitativamente a quienes padecen esa circunstancia. Es necesario, también, el diseño de reglas o lineamientos que determinen con claridad, legalidad y un sentido de justicia el objetivo de la instrumentación, el tipo de apoyo a ministrar, las características de quienes pueden acceder a él, los requisitos y el proceso de solicitud y selección de beneficiarios, sus derechos y obligaciones, y la vigilancia, evaluación, transparencia y mecanismos de denuncia, en caso de mal manejo o desviaciones.
Además de ello, y esto es básico, se requiere de presupuesto que se destine específicamente para tal fin. No se trata, pues, de dejar de atender sus funciones prioritarias y exclusivas como ámbito de gobierno, sino de atenderlas y, de existir la posibilidad, orientar el gasto público hacia los grupos vulnerables, obtener la autorización del cabildo y efectuar las operaciones administrativas y financieras que comprueben con certeza la erogación de recursos.
Como se deja entrever, no es que exista una restricción para que las municipalidades apoyen a través de transferencias o bienes directos a grupos que así lo requieran, pero, para hacerlo, se necesita más que voluntad política –hablo de técnica y ética–, aunque sin ésta, también es cierto, no habría gobernanza ni legitimidad, y ambos son factores inalienables de la democracia.
