En México, la brecha existente entre los valores catastrales respecto a los valores comerciales de predios es, si no abismal, muy considerable: según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el promedio que representa el valor catastral de predios respecto a su valor comercial en 2018 osciló entre 21.56 y 65 por ciento.
De acuerdo con estos datos, los valores que están menormente actualizados se encuentran en los estados de Tlaxcala, Baja California y Yucatán, mientras que quienes presentan el mayor grado de acercamiento con los valores del mercado son Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato. Esta situación es particularmente no deseada porque, como es sabido, el valor catastral de predios es la base para el cálculo de los dos impuestos más importantes para el municipio: el predial y el traslado de dominio –llamado así de forma genérica–; el primero de ellos, según cifras del INEGI, representó 30.78 por ciento del total de los ingreso municipales.
Pero esta brecha entre los valores representa un efecto y no una causa por sí misma. es decir, la desactualización de valores supone, también, una brecha entre municipios que cuentan con capacidades institucionales –tecnológicas y de recursos humanos capacitados– para cumplir las funciones que les han encomendado la constitución y las leyes locales, así como una brecha entre la voluntad política de quienes asumen las facultades para obtener ingresos como una responsabilidad sustantiva –y cuya consecuencia es aplicar la ley para allegarse de los ingresos necesarios para cumplir los fines del municipio– y quienes asumen, con inercia, que el municipio es un gestor de demandas y necesidades que debe atenderse, principalmente, con recursos de origen federal.
En diversas ocasiones, desde este espacio, hemos pugnado por una mayor atención a las voces municipales en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, pero también reconocemos que existen autoridades municipales para las que la administración de la hacienda pública, particularmente la aplicación de políticas fiscales, no es prioridad.
Hoy en día, ante la caída de ingresos públicos –ocasionada por la crisis económica– y ante un escenario en que la creación de nuevos impuestos es francamente inviable, el ejercicio de actualización de las tablas de valores es una opción al alcance de la mano de los municipios para contar con los recursos que le permitan generar los bienes y servicios que la sociedad requiere.
