A propósito del tercer informe del gobernador del Estado de México, donde se presentó la condición de empleo y desempleo en la entidad federativa (que no es distinta a las del resto del país: pérdida de empleos en los meses de marzo a agosto y ligera recuperación en septiembre), nos hemos dado cuenta cómo las desigualdades salariales continúan prevaleciendo en el presente año, sobre todo para las mujeres y, mayormente, para aquellas que viven en zonas específicas del territorio nacional.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el primer trimestre de 2020, el salario de las mujeres trabajadoras en México es –en promedio– de 5 mil 808 pesos mensuales, mientras que el de los hombres es de 7 mil 477 pesos.
En cuanto a las regiones del país, en Nuevo León, Baja California Sur y Ciudad de México se pagan los sueldos más altos, con más de 9 mil pesos mensuales (los hombres, de 9 mil 300 a 10 mil 800; y las mujeres, en un rango que va entre 7 mil 800 y 8 mil 200 pesos), en tanto que en Morelos, Oaxaca y Chiapas los trabajadores reciben los sueldos más bajos (hombres, de 4 mil 400 a 5 mil 600; y mujeres, de 3 mil 800 a 4 mil 200 pesos mensuales).
Esta radiografía es resultado de situaciones crónicas y adversas para la mujer: se insertan en el mercado laboral en condiciones desfavorables, asumen la carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, buscan empleos flexibles y, por tanto, lo hacen en el mercado informal, lo cual implica una escasa o nula protección social.
Acciones gubernamentales para equilibrar salarios existen: las más comunes y visibles son programas de apoyo dirigidos a la mujer, pero son instrumentaciones compensatorias, no son permanentes, dependen de capacidades presupuestarias –cada vez más frágiles en las entidades públicas–, su cobertura es limitada y no atacan las causas principales de la desigualdad. Desde luego, las transferencias de tipo económico son útiles para las beneficiarias y para cualquier segmento de la sociedad, porque –de manera momentánea– ayudan a solventar gastos urgentes, pero no constituyen una solución integral a este problema.
Al efecto, es necesario –y urgente, considero– ampliar la participación de las mujeres en el trabajo remunerado, es decir, diseñar e implementar políticas públicas con perspectiva de género para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, cuya existencia constituye –en sí misma– una discriminación de género. Pero revertir esta situación –más allá de una instrumentación gubernamental de tipo laboral– requiere de estrategias transversales que trastoquen los ámbitos de la educación y la cultura, a fin de que se valorice el trabajo de las mujeres y, mediante un salario justo –igual remuneración por trabajo de igual valor–, se contribuya a lograr su autonomía económica.
