Es sabido –aunque de forma generalizada– que los laudos laborales constituyen un hoyo en las finanzas públicas municipales: la constante rotación de servidores públicos municipales, originada por el cambio de administraciones cada tres años, ha provocado –entre otras cosas– que las demandas y laudos laborales por despidos a servidores públicos se hagan frecuentes; tan es así que, en la mayoría de los municipios del país, se erogan recursos anualmente –mediante la figura de pasivos contingentes– para atender su pago. Esto, sin que se conozca con precisión el monto que las municipalidades destinan a ello.
Actualmente, los pasivos directos, destinados a una inversión pública productiva (como créditos, emisiones bursátiles, contratos de arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, garantías, instrumentos derivados que conlleven a una obligación de pago mayor a un año y contratos de asociaciones público-privadas), deben inscribirse en el Registro Público Único (RPU), a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos que establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
No obstante, existen pasivos contingentes que no son registrados en el RPU, en virtud de que el destino de su contratación no es inversión pública productiva, ejemplo de ello son los pasivos por pensiones de los servidores públicos, pasivos de los gobiernos municipales con instituciones federales (electricidad, impuestos y agua, entre otros) y las demandas y laudos laborales de los servidores públicos.
Particularmente, estos últimos deben ser cubiertos con recursos de gestión y –hay que decirlo–, por lo regular, no son previstos por las tesorerías municipales y demás áreas de finanzas de las entidades públicas. Al no contar con una partida presupuestal para su pago, que es obligatorio una vez notificado por las instancias correspondientes, las haciendas locales se ven en la necesidad de contratar créditos de corto plazo para liquidarlos.
Los pasivos municipales por este concepto, se sospecha, son significativos para las finanzas locales, y ante la inexistencia de información que permita cuantificar su impacto, bien podría buscarse el mandato legal, federal o estatal para que los gobiernos locales hagan pública la relación de pasivos no inscritos en el RPU. Mientras ello no suceda, seguirá siendo nebuloso este tema.
Desde la trinchera del servidor público, para evitar incrementar los pasivos, resultará necesario crear economías o reservas para atender estas situaciones contingentes. Y desde la óptica ciudadana, más que seguir especulando respecto a sus montos, bien valdría pugnarse ante el Ejecutivo o Legislativo para que haya una apertura sobre estos pasivos. No se debe olvidar que la transparencia y rendición de cuentas abonan a los procesos democráticos y a la gobernanza.
