Al hablar de deuda pública en entidades federativas y municipios, más de uno pensaría que la mayor parte corresponde a las municipalidades: son más de 2 mil 500 en el país y es bien conocida su fragilidad financiera. Pero no es así: con datos fiables de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se sabe que la deuda de entidades federativas no sólo es mayor que la de los municipios, sino que va en incremento, mientras que –no sin sorpresa– la de los ayuntamientos se ha mantenido y hasta reducido.
De acuerdo con el “Reporte de la deuda subnacional” publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y elaborado con información del registro público único de deuda de la SCHP, entre 1993 y 2018 la deuda de las entidades federativas y municipios creció más de cuatro veces, al pasar de 18 mil millones de pesos a 601 mil millones de pesos; sin embargo, para 2019, ésta bajó a 579 mil 507 millones de pesos.
Del monto del año 2018, 552.8 mil millones de pesos correspondían a deuda estatal y sólo 48.4 mil millones de pesos a deuda municipal. Pero lo más revelador de esta composición es que, por separado, la deuda de entidades federativas presenta una línea de crecimiento constante en el periodo referido (179.5 a 552.8 mil millones de pesos), en cambio, en el ámbito municipal, la deuda, que inicia con 23.6 miles de millones de pesos en 2018, llega a su punto máximo en 2014 al registrar 56.4 mil millones de pesos y para 2018 disminuye a 48.4 miles de millones de pesos.
Ahora bien, la deuda pública, por sí sola, no es buena ni mala, depende de las condiciones de cada entidad gubernamental para valorar su impacto y que éste no comprometa la sostenibilidad de sus finanzas. Considero que la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y su respectivo sistema de alertas, mediante el cual la SHCP da seguimiento al endeudamiento de entes públicos, ha sido útil no sólo para registrar y conocer el nivel de deuda de gobiernos subnacionales, sino también para que la contratación de financiamientos se realice con cautela.
Pese a ello, el destino de la deuda no es tan claro, dado que no hay un registro que lo detalle, y tampoco se cuenta con elementos para afirmar que el origen de la deuda en entidades federativas proviene de malos manejos, dispendios hacendarios o que es producto de las múltiples necesidades a cubrir por los gobiernos con presupuestos limitados; sin embargo, sí es posible reflexionar sobre el arreglo fiscal que pervive en nuestro federalismo, y que concentra la mayor cantidad de recursos en el gobierno federal, aunque, también en éste, descansen la mayor parte de las funciones del Estado.
Desde hace años, voces de gobernadores y presidentes municipales pugnan por mayores recursos para sus regiones, bajo el argumento de que sus necesidades son muchas, recursos pocos y potestades tributarias casi nulas. Pero el reclamo de más recursos –lo que, pretendidamente, contribuiría a contratar menos deuda– pareciera una exigencia simple en la que unos “ganan” para que otros “pierdan”, y no una estrategia estructurada y articulada para lograr un arreglo fiscal más justo y equilibrado en el que, en efecto, se revisen las relaciones intergubernamentales (potestades tributarias y funciones de gasto), pero que también, a la par, haya un compromiso para que los municipios y los estados recauden más y mejor los impuestos y derechos que la ley les permite. Sin duda, los niveles de deuda, de ingreso y de gasto serán los principales indicadores que, en un futuro próximo, se utilicen como criterio para revisar el pacto hacendario y fiscal en México, lo que, a mi parecer, es cada vez más necesario; pero mientras ello sucede, resta a las entidades públicas apegarse a las reglas de disciplina financiera señaladas en la ley, a fin de alcanzar balances presupuestarios sanos, sin dejar de ofrecer los bienes y servicios que dan razón a su existencia.